TEMA 11 1 y 2, ALFONSO XII

TEMA 11

1 EL SISTEMA CANOVISTA: LA CONSTITUCIÓN DE 1876 Y EL TURNO DE PARTIDOS. LA OPOSICIÓN AL SISTEMA. REGIONALISMO Y NACIONALISMO.

RESTAURACIÓN BORBÓNICA Y CONSTITUCIÓN DE 1876.La Restauración de la dinastía borbónica en el trono de España supuso el fin de la I República que, sacudida por al tercera guerra carlista y la insurrección cubana de 1868, había sido incapaz de organizar un proyecto político estable. El impulsor del nuevo régimen fue Antonio Cánovas, que organizó un sistema monárquico liberal, aunque no democrático, cuyas bases se establecieron y consolidaron durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de Mª Cristina.

LA RESTAURACIÓN BORBÓNICAEn diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclamó rey de España a Alfonso XII mediante un pronunciamiento militar. De este modo, restauraba la dinastía borbónica seis años después de que Isabel II hubiese sido destronada. Pero, en realidad, la Restauración monárquica se había gestado durante el sexenio revolucionario, cuando Antonio Cánovas del Castillo se puso al frente del Partido Alfonsino, y recibió, en 1873, plenos poderes de Isabel II para preparar la vuelta al trono de su hijo.

Su proyecto consistía en aprovechar el descontento político generalizado para conseguir apoyos a la causa alfonsina, tanto desde las filas conservadoras como desde las republicanas, para que la Restauración fuese reclamada por un amplio sector de la opinión pública. No entraba en sus planes un pronunciamiento militar.
Cánovas, que consideraba la monarquía y el sistema parlamentario británico como modelos ya había aconsejado una educación británica para el príncipe Alfonso, que fue enviado a la academia militar de Sandhurst.
Desde allí, y después del pronunciamiento militar de 1874, Alfonso XII proclamó un manifiesto, redactado por el propio Cánovas, en el que se afirmaba que la monarquía era la única salida para cerrar la crisis del período revolucionario y en el que se apuntaban las líneas fundamentales de lo que iba a ser el sistema de la Restauración.

Manifiesto de Sandhurst.
El nuevo régimen se vio reconocido rápidamente por las potencias extranjeras, incluida la Santa Sede, tradicionalmente vinculada ala carlismo.
La entrada de Alfonso XII en España, dio comienzo a una larga etapa de estabilidad política basada en un sistema político regido por los valores conservadores de orden, propiedad y monarquía, sabiamente combinados con los aspectos formales y las novedades institucionales del Estado liberal.

LAS BASES DEL SISTEMA.

Antonio Cánovas fue quien afirmó los principios ideológicos y sentó las bases institucionales y jurídicas del sistema, alejando los peligros que habían provocado el fracaso del régimen isabelino. Para ello, se propuso apartar al ejército del poder político y pacificar el país, además de conseguir la estabilidad política integrando las diferentes concepciones liberales en un proyecto común, sobre la base de la monarquía. Esto se plasmó en la organización de un sistema bipartidista, siguiendo el modelo británico, y en la aprobación de una Constitución lo suficientemente flexible para que pudiera adaptarse a los programas de los dos partidos.

EL REINADO DE ALFONSO XII (1875-1885)El reinado de Alfonso XII se caracterizó por la no interferencia del monarca en la actividad política, lo que contribuyó a la estabilidad gubernamental, y por el mandato del parido conservador durante la mayor parte del período, ante la falta de una alternativa política suficientemente cohesionada y válida para el régimen.

El Partido Conservador fue el que llevó a cabo la labor de pacificación militar y la redacción de la Constitución de 1876. Su gobierno se caracterizó por la aprobación de medidas restrictivas orientadas a intensificar el control del Estado sobre los derechos establecidos en la Constitución y a centralizar administrativamente el país.
Las medidas restrictivas afectaron a la libertad de cátedra (expulsión de profesores universitarios no fieles al gobierno), de expresión (la ley de imprenta de 1879 establecía la censura de prensa) y al derecho de voto (la ley electoral de 1878 aprobaba el sufragio censitario). También hizo gala de una nula sensibilidad social en la aplicación de medidas económicas y laborales y actuó con dureza hacia la oposición política contraria al sistema.

La centralización administrativa hizo patente en la abolición de los fueros vascos (una de las consecuencias del fin de la tercera guerra carlista), en la escasa autonomía del poder local, manipulado por el poder central a través de los gobernadores civiles, y en el afán codificador que permitiera aplicar un mismo cuerpo de leyes a todo el territorio español. Con este fin, se inició la redacción del Código de Comercio y del Código Civil.

Entre 1881 y 1883 subió al poder el Partido Liberal de Sagasta, con lo que se iniciaba el turnismo de los dos partidos dinásticos. Restableció la libertad de cátedra y de expresión (ley de prensa de 1883) y la de asociación y reunión. También se formó una comisión de reformas sociales para estudiar la situación de las clases trabajadoras y aunque no se aplicaron medidas concretas, supuso el inicio de la preocupación de un gobierno por los aspectos laborales.

La política internacional del período fue muy prudente, propia, según Cánovas, de un país en decadencia. No hubo aislamiento, pues interesaba dar una buena imagen de la monarquía española, ni un compromiso concreto que la sometiera a riesgos innecesarios. Aún así, hubo un cierto acercamiento hacia Alemania, si bien esto no impidió que en 1885, presidiendo Cánovas un nuevo gobierno, estallase el conflicto de Las Carolinas, islas españolas del Pacífico invadidas por los alemanes. La mediación de la Santa Sede permitió una solución pacífica de compromiso: se reconocieron los derechos españoles sobre las islas y la libertad de Alemania para crear bases comerciales en ellas.
Cabe destacar la aportación liberal en el terreno económico, que se concretó en la firma de acuerdos librecambistas con Francia y el Reino Unido.
Planificación militar. Para construir el nuevo régimen, era necesario pacificar el país.

En 1876, se consiguió finalizar la tercera guerra carlista que, desde 1872, se libraba en el País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. La guerra tuvo un gran coste humano y financiero y supuso la abolición de los fueros vascos y navarros, aunque se pactaron ciertas medidas económicas que les reportaron beneficios fiscales.
(En Estella y en Montejurra (1873) y en Portugalete (1874) los carlistas consiguieron victorias, pero en 1876 el ejército alfonsino se impuso y el pretendiente Carlos VII tuvo que exiliarse a Francia).
En 1878 se firmó la Paz de Zanjón, que puso fin a la insurrección cubana de 1868. Se concedió una autonomía administrativa a Cuba, además de una amplia amnistía a los insurrectos, aunque no sirvió para cerrar definitivamente el conflicto.
Bipartidismo: Los partidos políticos leales a la Corona, llamados partidos dinásticos, eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estos dos partidos fueron los que se turnaron en el poder mediante los mecanismos propios de un sistema parlamentario, mientras que el resto de las formaciones políticas quedó excluido del juego político.

El Partido Conservador, liderado por Antonio Cánovas, era el heredero del moderantismo, el unionismo y parte del progresismo de la época isabelina. Representaba los intereses de la burguesía latifundista y financiera y de los grupos residuales del Antiguo régimen: la aristocracia y las jerarquías y los grupos de presión católicos.

El Partido Liberal, liderado por Práxedes Mateo Sagasta, integraba a demócratas, radicales y algunos republicanos moderados. Pretendía incorporar a la Restauración los aspectos menos radicales de la Revolución de 1868. Esto le supuso el respaldo de profesionales liberales, de la burguesía industrial y comercial y de los funcionarios, así como de sectores de la aristocracia terrateniente.

Las diferencias ideológicas y políticas entre ambos partidos eran mínimas; más preocupados por las reformas sociales y por la educación de los liberales, y más autoritarios y defensores del orden y los valores establecidos los conservadores. De hecho, la creación del Partido Liberal en 1876 se debió a las propias necesidades del sistema ideado por Cánovas, puesto que debía existir una oposición parlamentaria con un programa político similar al del partido gobernante.
Los partidos políticos

Durante la Restauración, las fuerzas políticas eran pequeñas agrupaciones de parlamentarios, aglutinadas en torno a un líder, que sólo se reunían en períodos electorales. No tenían estatutos que los regulasen y no existía relación entre las cúpulas organizativas y las bases sociales, prácticamente inexistentes. Por otra parte, cabe señalar que el derecho de asociación no fue regulado hasta 1887.

LA CONSTITUCIÓN DE 1876.

En los primeros meses de la Restauración, Cánovas concentró todos los poderes. Pero para legitimar la monarquía parlamentaria era necesaria una Constitución por la que regular y garantizar el nuevo régimen político. Así pues, convocó unas elecciones, con sufragio universal masculino, para formar unas Cortes constituyentes que deberían redactar y aprobar un nuevo texto constitucional.
En realidad, la manipulación de las elecciones por parte del gobierno permitió a los conservadores redactar una Constitución favorable a sus intereses. Estaba inspirada en la Constitución de 1845, aunque incorporaba algunos aspectos de la de 1869, básicamente en lo que respecta al reconocimiento de derechos y libertades.

La Constitución de 1876 establecía que:
La soberanía era compartida entre las Cortes y la Corona.
El rey era inviolable. Le correspondía el poder ejecutivo, que ejercía a través del Gobierno, a cuyo presidente nombraba y destituía, y la iniciativa legislativa, con derecho de veto sobre el Parlamente.
Las Cortes eran bicamerales, con un Senado elitista que garantizaba el control del poder legislativo por las minorías privilegiadas.
Se reconocían los derechos y libertades individuales, aunque su regulación se remitía a leyes posteriores, dejando un amplio margen de interpretación al gobierno, que también podía suspenderlos en circunstancias excepcionales.
Se reconocía el catolicismo como religión oficial, ante la presión del Vaticano y las jerarquías eclesiásticas, pero admitiendo la tolerancia hacia las demás religiones. A cambio se permitió a la Iglesia ejercer el control de la educación y la enseñanza y, por consiguiente, participar en la configuración de los valores y la mentalidad de la época.
Respecto al procedimiento electoral y el tipo de sufragio, el texto constitucional no se pronunciaba, remitiendo a una ley electoral posterior. El sufragio universal masculino no volvió a utilizarse hasta 1890, gracias a una ley electoral del partido liberal.

Ésta y otras indefiniciones, como el vago reconocimiento de los derechos y libertades, permitían que la Constitución se adaptara a las diferentes tendencias políticas liberales, que eran las únicas que formaron parte del juego político de la Restauración.

El TURNISMO DE PARTIDOS.El sistema ideado por Cánovas basaba su funcionamiento en el turno pacífico de los dos partidos dinásticos, es decir, los dos partidos políticos leales a la Corona pactaban el acceso al gobierno, sin recurrir a los pronunciamientos militares. De esta forma se evitaba el peligro de que la monarquía se identificase con un solo partido y, además, se garantizaba la continuidad del régimen, puesto que se alejaba del poder a las tendencias políticas antimonárquicas.
Para garantizar el turno, se recurría al fraude electoral. Así pues, el sistema político no utilizaba procedimientos realmente democráticos.
Los caciques locales (prohombre local que ejerce el control sobre los electores de una zona y condiciona el sentido del voto mediante presiones y amenazas, sirviéndose de su poder e influencia (proporciona trabajo, promueve social y económicamente....)) eran una pieza clave del sistema. Eran utilizados por los partidos para que garantizasen la obtención de la mayoría necesaria para gobernar, al margen del electorado. Para ello recurrían a la compra de votos o la coacción.

El mecanismo del turno era el siguiente.

Periódicamente y de forma pactada, el rey encargaba la formación de un nuevo gobierno al partido al que le tocaba gobernar. Éste, desde el ministerio de Gobernación, confeccionaba el encasillado o listas de diputados, que deberían salir elegidos en cada distrito, reservando siempre algunos escaños a la oposición dinástica. El encasillado se entregaba a los gobernadores civiles para que lo impusieran en la provincia y los ayuntamientos a través del cacique local. Para ello se manipulaban los censos de electores, se coaccionaba el voto y, si eso no bastaba, se cambiaban las actas de resultados.
Las listas de diputados estaban formadas por miembros de la alta burguesía y la aristocracia, que constituían una oligarquía (minoría privilegiada que detenta el poder excluyendo al resto de la población) que monopolizaba los cargos político-administrativos y los escaños de las Cortes. De este modo podían controlar todos l os resortes del poder, ejerciéndolo en beneficio de las clases dominantes a las que representaban.

El fraude electoral fue una práctica habitual de los dos partidos turnantes durante todo el período de la Restauración, incluso cuando se introdujo el sufragio universal en 1890. Sólo en los núcleos urbanos más importantes, donde la oposición política era más fuerte, se hizo cada vez más difícil el control caciquil del sufragio universal.
Este sistema se consolidó porque favorecía la estabilidad política. Al eliminar la oposición, se alejaba el peligro de la radicalización, que hubiese alterado el orden social establecido y los intereses de las clases en que se asentaba el régimen: aristocracia y terratenientes, burguesía financiera y colonial, ejército e Iglesia. Del hecho, ni las clases medias ni las capas populares se sintieron representadas por el sistema, por lo que se distanciaron de los asuntos políticos.

LA REGENCIA DE Mª CRISTINA DE AUSTRIA (1875-1902).
El sistema político ideado por Cánovas estaba ya configurado en 1876, pero, en realidad, hasta 1881 se mantuvieron en el poder los conservadores. Fueron éstos los que iniciaron la tarea de estructurar los partidos dinásticos y desarrollar legislativamente la Constitución, aunque el modelo de la Restauración no se consolidó hasta la muerte de Alfonso XII en 1885.
A partir de ese momento, y durante todo el período de regencia de Mª Cristina (1885-1902), Cánovas y Sagasta se turnaron pacíficamente en el poder, demostrando la viabilidad de la convivencia política en un marco de estabilidad.
Pero fue también durante la regencia cuando se iniciaron profundas transformaciones que alteraron el equilibrio del régimen. Al nacimiento del regionalismo y del movimiento obrero se unió el problema colonial, que acabó con los restos del imperio. Todo ello debilitó los fundamentos socioeconómicos y políticos del sistema.

La regencia:

A la muerte de Alfonso XII, su segunda esposa, Mª Cristina de Habsburgo, asumió la regencia con el apoyo de los partidos dinásticos. Éstos firmaron el Pacto del Pardo, según la cual se comprometían a mantener la monarquía, a respetar los turnos políticos y a conservar las medidas legislativas aprobadas por los respectivos gobiernos.
Mª Cristina, respetando las funciones que le asignaba la Constitución, otorgó el poder a los liberales, que, presididos por Sagasta, gobernaron el país entre 1885 y 1890. El llamado Parlamento largo ( llamado así porque duró casi la totalidad del período establecido en la Constitución, hecho poco frecuente) llevó a cabo la liberalización del régimen, desarrollando el programa de reformas más avanzado del período, y la consolidación del sistema.

Se aprobaron el Código de Comercio (1885) y el Código Civil (1889). Con ello se adaptaba el Derecho a los nuevos postulados del liberalismo económico y político y se daba protección jurídica al incipiente capitalismo y a los intereses del latifundismo agrario. Respecto al reformismo social, se aprobó la Ley de Asociaciones (1887), que favoreció el desarrollo de las fuerzas antidinásticas, se instauraron los juicios con jurado y se abolió la esclavitud en Cuba. En 1890 se aprobó el sufragio universal masculino, aunque su aplicación práctica quedó limitada por el fraude electoral.
Por otra parte, los liberales se opusieron a la autonomía de Cuba, al reconocimiento de los particularismos regionales y a la reforma militar, que pretendía implantar el servicio militar obligatorio y los ascensos por méritos.

La vuelta de los conservadores al poder en la década de los años noventa supuso el retorno a una política económica proteccionista, que satisfizo los intereses de los industriales catalanes y vascos y de la burguesía cerealista castellana. Se prestó escasa atención a los problemas sociales, hecho que se evidenció con el recrudecimiento de las medas represivas (Ley antiterrorista, 1894) contra los brotes de agitación social protagonizados, sobre todo, por los anarquistas.
La política internacional mantuvo las mismas directrices que en el reinado de Alfonso XII, aunque durante el gobierno liberal fue un poco más activa en su acercamiento a Alemania. Por otra parte, a partir de 1895, los sucesivos gobiernos tuvieron que abordar los graves conflictos coloniales que afectaron a la sociedad española de fin de siglo.

REGIONALISMO Y DEL NACIONALISMO.
El influjo del Romanticismo llega a España tardíamente debido a las condiciones políticas imperantes. Si en Europa la exaltación nacionalista se produce a partir del primer tercio del S. XIX, en España, el regionalismo político no se desarrolla hasta finales del siglo.
Durante el período de la Restauración alfonsina van tomando cuerpo los distintos movimientos regionalista, que evolucionan desde posiciones románticas hasta la defensa de opciones políticas propias que dan paso a la organización de partidos de carácter nacionalista.
El nacionalismo histórico existente en España se asienta fundamentalmente, en Cataluña, País Vasco, Galicia y Valencia. La gestación de estos nacionalismos debe comprenderse como una reacción frente a las pretensiones uniformizadoras y asimilacionitas del sistema político y administrativo adoptado por el liberalismo y su pretensión de imponer una cultura oficial castellanizada, que ignoraba la existencia de otras lenguas y culturas.

EL CATALANISMOHacia 1830, surgió en Cataluña un amplio movimiento cultural y literario, conocido como la Renaixença. Su finalidad era la recuperación de la lengua y de las señas de identidad de la cultura catalana, pero carecía de aspiraciones y de proyectos políticos, siendo sus objetivos puramente culturales.
Las primeras formulaciones catalanistas con un contenido político vinieron de la mano de Vicente Almirall, que convocó el primer Congreso Catalanista (1880), con el objetivo de unificar las dos corrientes más destacadas del catalanismo, la de herencia republicana y progresista, y la más literaria, apolítica y conservadora. Este movimiento culminó en la creación del “Centre Catalá” (1882), organización que pretendía sensibilizar a la opinión pública catalana para conseguir la autonomía. En 1885 impulsó la redacción de un “Memorial de Greuges” (Memorial de Agravios) que denunciaba la opresión de Cataluña y reclamaba la armonización de los intereses y las aspiraciones de las diferentes regiones españolas.

Un grupo de intelectuales, contrarios al progresismo de Almirall, fundaron la Unió Catalanista (1891), una federación de entidades de carácter catalanistas de tendencia conservadora. Su programa quedó fijado en las Bases de Manresa, que defendían una organización confederal de España y la soberanía de Cataluña en política interior. Proclama la oficialidad del catalán y proponía el restablecimiento de las instituciones tradicionales de Cataluña (Audiencia y Cortes) que deberían ser escogidas por sufragio corporativo.
En Cataluña, el impacto de la crisis del 98 fue decisivo para la maduración y expansión social del catalanismo. Así, en 1901 se creó la Lliga Regionalista, que contó entre sus líderes a Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. La Lliga presentaba un programa político conservador, centrado en la lucha contra el corrupto e ineficaz sistema de la Restauración y favor de un reformismo político que otorgase la autonomía a Cataluña. Sus éxitos electorales en Barcelona a partir de 1901 la convirtieron en la fuerza hegemónica en Cataluña durante todo el primer tercio del S. XX.

El amplio rechazo suscitado en Cataluña por la Ley de Jurisdicciones (1906) posibilitó la formación de un amplio movimiento, Solidaridad Catalana, que reunió a carlistas, regionalistas y republicanos. La coalición presentaba un programa común basado en la derogación de la Ley y la consecución de la autonomía. Esta victoria tuvo una amplia significación, ya que comportó el fin del turno dinástico en buena parte de Cataluña y la consolidación del catalanismo y el republicanismo como las fuerzas políticas hegemónicas.

En 1914 y acogiéndose a la Ley de Mancomunidades, las Diputaciones catalanas, bajo control de la Lliga Regionalista, impulsaron la creación de la Mancomunidad de Cataluña. Este organismo consistía en una federación de las cuatro provincias catalanas que contaba con una Asamblea General, un Consejo Permanente y un Presidente, cargo para el que fue elegido Prat de la Riba. Tenía el mismo presupuesto y las mismas competencias (beneficencia, cultura, obras públicas) que las Diputaciones provinciales y estuvo vigente has su disolución por Primo de Rivera en 1925.

EL NACIONALISMO VASCO.

En el País Vasco, las formulaciones nacionalistas fueron fraguándose a lo largo de la segunda mitad del S. XIX a partir de una corriente de recuperación de la cultura vasca. Pero fue, sobre todo, la abolición de los fueros tras la última guerra carlista lo que dio origen al nacimiento de una corriente que reivindicaba la reintegración foral. Por otro lado, el proceso industrializador favoreció una fuerte inmigración, que supuso una ruptura de la sociedad tradicional vasca. Como reacción, se fortaleció una corriente de defensores de la lengua y la cultura vascas (euskeros), contrarios al proceso de españolización provocado por la llegada de trabajadores procedentes de otras regiones de España.

Fue en este contexto cultural y político en el que Sabino Arana, recogiendo la tradición foralista y euskera, formuló los principios originarios del nacionalismo vasco e impulsó la fundación del Partido Nacionalista Vasco (1894). La ideología de Arana se articulaba en torno a los principios de la raza vasca, de los fueros y de la religión. Su lema fue “Dios y Antiguas Leyes” y defendía la vieja sociedad patriarcal desde una perspectiva antiliberal y tradicionalista, a la vez que abogaba por la total reintegración de los fueros. El nacionalismo vasco atacaba tanto a la clase dirigente vasca, considerada responsable de la destrucción de la sociedad tradicional al favorecer el proceso industrializador, como al socialismo obrero, tildado de perturbador del orden social y extraño a las tradiciones vascas dada su influencia entre la inmigración.

Los nacionalistas vascos tuvieron como principal marco de acción política los Ayuntamientos y las Diputaciones vascas, pero no tomaban parte en las elecciones generales españolas. Por otra parte, moderó el discurso inicial de Sabino Arana, quien en los últimos años de su vida mostró una cierta renuncia a sus tesis más independentistas para impulsar la transformación del PNV en un partido nacionalista, pero con objetivos fundamentalmente autonomistas. En 1913, el PNV pasó a denominarse Comunión Nacionalista Vasca, le nuevo partido mostró una postura de moderación y obtuvo sus primeros éxitos electorales en 1817 y 1918.
Sin embargo, la crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial fomentó la recuperación del discurso independentista y provocó la ruptura dentro de la Comunión Nacionalista. Ya desde la muerte de Arana convivían dentro del partido dos tendencias: los partidarios de mantener el pensamiento independentista frente a los más moderados y autonomistas. En 1921, el sector radical o aberriano (por Aberri, órgano de las Juventudes Nacionalistas) refundó el nuevo PNV con la voluntad de volver a la vieja doctrina sabiniana. Ambos sectores se mantuvieron separados hasta su reunificación en 1930.

EL GALLEGUISMO.

La sociedad gallega, a diferencia de la catalana o de la vasca seguía siendo eminentemente rural. Presentaba una débil burguesía frente a unas clases dominantes tradicionales. A mediados del S. XIX, se inició una corriente que dio lugar a O Rexurdimiento que significó un redescubrimiento romántico y literario de la lengua y la cultura gallegas, pero con un carácter apolítico y culturalista.

El regionalismo fue más débil y tardío en Galicia. Tan sólo unas minorías cultas, insatisfechas ante la situación del país, empezaron a responsabilizar a la subordinación política de Galicia de su atraso económico, que forzaba a muchos gallegos hacia la emigración como única salida. Fue durante la última etapa de la Restauración cuando el galleguismo fue adquiriendo un carácter más político, pero este movimiento se mantuvo muy minoritario a pesar del prestigio de algunas de sus figuras (Manuel Murguía, Alfredo Brañas, entre otros).

Hay que destacar el intento de unificación de los grupos galleguistas impulsado en 1907 con la creación de Solidaridad Gallega agrupación que, sin embargo, no consiguió actuar como un partido político y no participó en las elecciones generales, limitándose a concurrir en las municipales de algunas localidades.
El primer paso hacia la transición del galleguismo cultural al político tuvo lugar con la creación de la Irmandade dos Amigos de Fala y de A Nosa Terra (1916) que se convirtió en el gran portavoz del nacionalismo y en el instrumento aglutinador y propagandístico de quienes no se conformaban con la dimensión cultural del galleguismo y aspiraban a convertirlo en una fuerza política.

EL VALENCIANISMO Y EL ANDALUCISMO.
Más débiles resultaron los movimientos regionalistas valenciano y andaluz. El valencianismo adquirió cierta importancia a partir de la creación de Valencia Nova (1904) y de Joventut Valencianista (1908), primeros pasos hacia la creación de un movimiento político, pero fracasó en el intento de crear luna Solidaritat Valenciana siguiendo el ejemplo de la catalana.
En Andalucia, empezó a forjarse un regionalismo andaluz alrededor del Ateneo de Sevilla al que Blas Infante dio un gran impulso a partir de 1910, pero no consiguió tener una influencia política importante antes de la Guerra Civil.


TEMA 11. 2 LA LIQUIDACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL: CUBA Y FILIPINAS. EL 98 Y SUS REPERCUSIONES.

EL CONFLICTO DE CUBA Y FILIPINAS.
A finales de siglo, España vivió una profunda crisis que tuvo como detonante las guerras de independencia colonial en Cuba (1895-1898) y Filipinas (1896-1898).
El origen del conflicto estuvo en la inadecuada política colonial llevada a cabo por los partidos dinásticos, que bloquearon las reformas administrativas y económicas, y en los intereses expansionistas de EE.UU. La pérdida de los últimos restos del imperio generó graves repercusiones que trascendieron el ámbito militar y económico y se prolongaron hasta el S. XX.

Las guerras colonialesCuba, principal exportadora mundial de azúcar, y también productora de café y tabaco, era explotada por España, que monopolizaba el mercado colonial en su beneficio y en contra de los intereses isleños. Esta situación favoreció el nacimiento de un sentimiento independentista entre los hacendados cubanos, puesto que vieron en la independencia política la única vía para la independencia económica.

A lo largo de la segunda mitad del S. XIX, Estados Unidos había aumentado sus intereses en la isla, puesto que era el principal receptor de las exportaciones azucareras y había invertido capital en la modernización del proceso de obtención del azúcar. Así pues, ofreció su apoyo a los sectores independentistas, con la pretensión de vincular la isla a su mercado económico.
La política represiva de las autoridades españolas ante las reivindicaciones autonomistas favoreció el estallidos de varias insurrecciones entre 1879 y 1885. Pero no fue hasta 1895 cuando se inició la definitiva guerra de la independencia. Fue liderada por José Martí, quien organizó guerrillas que causaban graves daños al ejército español, el cual, además, sufrió más bajas por las epidemias y el clima que por la propia guerra.
Ni los intentos de pacificación llevados a cabo por el militar Arsenio Martínez Campos, ni la crudeza de los métodos de su sucesor, Valeriano Weyler, encaminados a exterminar a los revolucionarios aún a costa de poner en peligro la riqueza cubana, solucionaron el conflicto. En 1897, a la muerte de Cánovas, el nuevo gobierno de Sagasta envió a Ramón Blanco, que decretó la autonomía y luna amnistía política, medidas que llegaron demasiado tarde, pues Estado Unidos ya había decidido intervenir.

FILIPINAS:

Casi simultáneamente, estalló una sublevación en Filipinas, archipiélago olvidado por el gobierno español, con sus recursos naturales mal aprovechados y una gran presencia de órdenes religiosas intransigentes con los movimientos independentistas. El levantamiento, encabezado por José Rizal y seguido por la sociedad secreta Katipunan, fue duramente reprimido y se produjo el fusilamiento de su líder. Cuando la negociación permitió dominar la insurrección en diciembre de 1897, Estados Unidos intervino pactando con los rebeldes y atacando la escuadra española.

La intervención de Estados Unidos.
La intervención militar de estado Unidos debe entenderse en el marco de su política expansionista y de sus intereses económicos, que estaban en peligro con la guerra.
El gobierno estadounidense presionó al español para que solucionara con rapidez el conflicto e incluso propuso, en marzo de 1898, la compra de Cuba. Tanto esta propuesta como la mediación diplomática para evitar la intervención americana fracasaron.
El pretexto de estados Unidos para declarar la guerra a España fue la voladura dela crucero americano Maine, fondeado en el puerto de La Habana. El gobierno español, apoyándose en una campaña de patriotismo belicista lazada por la prensa, se lanzó a una guerra para la que no estaba preparada.
La superioridad de las fuerzas estadounidenses originó desastres navales para España. Por una parte, el de Cavite (Filipinas) aniquiló la flota del Pacífico. Poco después, el de Santiago de Cuba supuso la destrucción de la escuadra del Atlántico y fue seguido por el desembarco norteamericano en Puerto Rico.
El conflicto concluyo, en diciembre de 1898, con el Tratado de París, por el que Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam (en el archipiélago de las Marianas) fueron cedidas a Estados Unidos. Cuba, aunque formalmente independiente, quedó bajo control americano.
La pérdida del imperio español se completó con la venta a Alemania (1899) del resto de las Marianas, del archipiélago de las Carolinas y de las Palaos, hecho que confirmó el proceso de redistribución colonial que se estaba llevando a cabo a favor de las grandes potencias. España quedó como un pequeño país sin relevancia internacional de cuyo vasto y fabuloso imperio sólo quedaban algunos enclaves en África.

EL 98 Y SUS REPERCUSIONES.
La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política española en un estado de desencanto y frustración. Para quienes la vivieron, significó la destrucción del mito del imperio español, en un momento en que las potencias europeas estaban construyendo vastos imperios coloniales en Asia y África, y la relegación de España a un papel secundario en el contexto internacional.

REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICASA pesar de la envergadura del “desastre” y de su significado simbólico, sus repercusiones inmediatas fueron menores de lo que se esperaba. No hubo grandes cambios institucionales ni crisis de Estado y el sistema de la Restauración sobrevivió a dicho “desastre”. El turnismo consiguió mantenerse y el régimen mostró una gran capacidad de recuperación.
Tampoco hubo crisis económica a pesar de la pérdida de los mercados coloniales protegidos y de la deuda causada por la guerra. Las estadísticas de la época nos muestran que en los primeros años del nuevo siglo se produjo una inflación baja, reducción de la Deuda Pública y una considerable inversión proveniente de capitales repatriados. Así, la estabilidad política y económica que siguió al ”desastre” deja entreve que la crisis del 98, más que política o económica, fue fundamentalmente una crisis moral ideológica, que causó un importante impacto psicológico entre la población.

EL REGENERACIONISMO

La crisis colonial favoreció la aparición de movimientos que, desde una óptica cultural o política, criticaron el sistema de la Restauración y propugnaron la necesidad de una modernización de la política española. Dentro del regeneracionismo hay que destacar la figura de Joaquín Costa, que propugnaba la necesidad de modernizar la economía y alfabetizar a la población. Para ello, era necesario la transformación del campo y del paisaje agrario mediante la realización de obras hidráulicas, la profundización en las políticas sociales, la aplicación de la autonomía municipal y la extensión de la cultura en una España analfabeta y atrasada, ansiosa de “escuela y despensa”. El pensamiento de Costa tiene una gran influencia, aunque con diversas interpretaciones, en notables políticos como: Canalejas, Silvela y Maura. Asimismo, sus ideas regeneracionistas aparecen en los escritos de la Generación del l98.

LA GENERACIÓN DEL 98.

El “desastre” dio cohesión a un grupo de intelectuales, conocido como la Generación del 98, caracterizado por un profundo pesimismo y por una crítica mordaz al atraso peninsular, que quiso plantearse una profunda reflexión sobre el sentido de España y su papel en la Historia.
Entre los personajes pertenecientes a la Generación del 98 cabe destacar a: Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado, Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán. Cultivaron el ensayo, la novela, el teatro y la poesía, y su producción literaria dio sus mejores frutos en la primeras décadas del nuevo siglo. Aunque de procedencia heterogénea y de ideologías políticas dispares, todos ellos confluyeron en la denuncia del alejamiento entre la política y la vida real del país, en la búsqueda de las señas de identidad nacionales y en la toma de conciencia del atraso respecto a Europa.